La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad las modificaciones al proyecto de ley que buscaba terminar con los abusos del Dicom, iniciativa que quedó lista para su promulgación definitiva.
El proyecto encabezado por el diputado del Partido por la Democracia (PPD), Felipe Harboe, fue aprobado por 97 votos a favor y ninguno en contra.
Las claves del proyecto de ley que restringe el uso del Dicom
Entre las claves de este proyecto de ley, destaca una serie de beneficios para los ciudadanos que antes se veían perjudicados al encontrarse en los registros deDicom, limitando su acceso a una serie de servicios, como salud, educación e incluso empleo.
Entre las modificaciones que impulsa el proyecto de ley destaca el “Perdonazo Bicentenario”, que implica la eliminación de los registros del Dicom de aquellas personas que mantengan deudas publicadas hasta el 31 de diciembre del 2011 y que sean inferiores a 2.500.000. En estos casos se borran los antecedentes, no la deuda.
También prohibirá a los servicios de salud (centros asistenciales, hospitales) la solicitud de documentos comerciales antes de prestar una atención médica. Esto también se aplicará para la contratación de servicios educacionales en todos sus niveles (pre escolar, escolar y superior).
En ese mismo contexto, el proyecto impide que los antecedentes comerciales sean utilizados para discriminar en el proceso de selección de personal o contratación para un determinado trabajo.
Además, las empresas tendrán la obligación de eliminar de sus registros las deudas que hayan caducado o hayan sido canceladas. Para esto, tienen un plazo máximo de 72 horas.
La iniciativa prohíbe expresamente la publicación de registros comerciales de deudas repactadas, renovadas o que cuentan con convenio de pago. Además, establece que todas las empresas tendrán que contar con un responsable del manejo de datos. El nombre de esta persona deberá aparecer en la página web de la empresa, para que los afectados puedan dirigirse directamente a él en caso de un problema.
El proyecto también plantea que las entidades distribuidoras de datos tendrán que mantener un registro que indique que persona y porqué razón consultó los antecedentes comerciales de un individuo. Esto implica que cualquier persona podrá revisar, de forma gratuita, sus antecedentes comerciales.
